Baltasar Garzón. Google images.

Luis Díez | Cuarto Poder

El Comité de Derechos Humanos de la ONU exige aclaraciones al Estado español sobre el procesamiento y la condena del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a raíz de sus investigaciones sobre los desaparecidos del franquismo y sobre la corrupción del Partido Popular (PP), conocida como los casos Gürtel y Bárcenas. Como se recordará, Garzón fue acusado de practicar “escuchas ilegales” a los abogados de un procesado de la trama Gürtel que estaba en prisión preventiva, y resultó procesado por presunta prevaricación y condenado hace cuatro años por el Tribunal Supremo, que lo expulsó de la carrera judicial.

A primeros de este año Garzón apeló al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través del despacho especializado Human Rights in Practice que dirige Helen Duffy, por el carácter arbitrario de las investigaciones y enjuiciamientos penales a los que fue sometido y que llevaron a su inhabilitación como juez. El escrito de Duffy recoge la insólita imputación penal de Garzón por acoger las denuncias y llevar a cabo investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista, que a día de hoy continúan impunes.

También recoge su incriminación por las decisiones judiciales de investigar la trama de corrupción que afecta al PP y cuyas denuncias acabaron implicando al tesorero del partido, Luis Bárcenas, nombrado por el presidente Mariano Rajoy. Los requerimientos de información cursados por Garzón a la banca suiza acabaron destapando la fortuna a nombre de Bárcenas (más de 40 millones de euros) y aportaron documentación comprometida para el propio Rajoy.

Cierto es que para entonces (primeros meses de 2013), la instrucción judicial de la trama de corrupción y presunta financiación opaca y paralela del PP, ya no la dirigía el magistrado Garzón, sino su sucesor en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, pues el Tribunal Supremo ya le había condenado y expulsado de la carrera judicial. Lo hizo amparándose en la supuesta ilegalidad de una escuchas a los imputados que, sin embargo, no fueron suspendidas, sino que mantuvo el instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, después de que Garzón se inhibiera al aparecer diputados autonómicos en la trama y, por tanto, aforados, cuales eran los populares Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.

El escrito sobre persecución política por vía judicial del magistrado Garzón también relata cómo el Supremo le mantuvo procesado por un supuesto delito prescrito a sabiendas de que había prescrito. Era la denuncia del ente Manos Limpias sobre un supuesto lucro del juez con becas de una entidad bancaria a cambio de un trato de favor judicial. Este proceso había sido archivado por dos veces y aunque el juez instructor conocía perfectamente la prescripción, no lo archivó hasta que Garzón fue condenado por la investigación de la trama Gürtel.

La denuncia del exmagistrado español ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sido avalada por los dictámenes periciales de trece profesores, jueces y expertos de alto nivel en el ámbito internacional. La profesora española Araceli Manjón-Cabeza Olmeda ha emitido informe sobre la Ley de Prevaricación; seis expertos han peritado el caso a la luz de los estándares internacionales de impunidad y los otros seis han redactado sus informes bajo la lupa de los estándares internacionales sobre la independencia judicial.

Ahora el Comité de la ONU, en cuyo Consejo de Seguridad se sienta el Gobierno español hasta 2018, emplaza al Estado español (Tribunal Supremo y Gobierno) a que responda sobre las coacciones, presiones y vulneración de la independencia del juez Garzón; sobre la interpretación sin precedentes de la prevaricación para procesarle y condenarle, y también sobre las normas de prescripción de los crímenes de lesa humanidad aplicados en España, en contraste con el derecho internacional, por las que fue acusado y procesado Garzón. Los magistrados del Supremo que lo condenaron, entre los que se cuenta el nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el Gobierno que preside Rajoy tienen un plazo de seis meses para fundamentar sus respuestas y contestar.

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