El CSN dio vía libre al almacén nuclear de Villar de Cañas conociendo los riesgos geológicos

Desde Ecologistas en Acción apuntan a un estudio que demuestra que el CSN aprobó la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas en julio de 2015, a pesar de la ineptitud de los terrenos, una decisión que ponía en riesgo a toda la comarca.

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Protestas contra el ATC en Villar de Cañas. / MARÍA JOSÉ ESTESO POVES

Diagonal | 22/11/16

Varios informes previos a la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) señalaban los riesgos que esta infraestructura supondría para la comarca, según denuncian desde Ecologistas en Acción.

El informe del Área de Ciencias de la Tierra (CITI) y del Servicio de Ingeniería (SIN) del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el calificativo de “No aceptable” a quince de los aspectos evaluados en el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas. Este informe señala en el primer punto de sus conclusiones que “la evaluación realizada acerca de la idoneidad del emplazamiento propuesto por Enresa para el ATC concluye que no se puede afirmar que resulte idóneo”.

Desde Ecologistas en Acción señalan también otro estudio, encargado por la Plataforma contra el cementerio nuclear a una empresa de ingeniería y geológica, y firmado por el geólogo Manuel Bello La Puerta. En él se analiza el informe y otros dos documentos oficiales del CSN, y se pone de manifiesto los enormes riesgos geológicos de ubicar el ATC en la parcela elegida de Villar de Cañas. “Los más relevantes son un elevado riesgo de expansión del suelo, aparición de cavidades por la disolución del terreno y un elevado riesgo de contaminación de los acuíferos”, explica Ecologistas en Acción en una nota remitida a los medios de comunicación.

El estudio firmado por Bello concluye que, “en definitiva, una vez analizados en profundidad los documentos del CSN, tanto los elaborados directamente como el encargado a la empresa URS, se puede concluir que hay evidencias suficientes para afirmar que, si se construye el ATC en los terrenos designados, se estarían poniendo en un riesgo inaceptable a las personas y a la biosfera”.

Desde el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), Ecologistas en Acción y la Plataforma contra el cementerio nuclear apuntan que “lo más grave es que el Pleno del CSN conocía los riesgos de los terrenos en base a la información de sus propios técnicos y, por tanto, dio el visto bueno (excepto una de sus consejeras), a sabiendas de que con su decisión ponían en enorme riesgo a toda una comarca”.

También destacan que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ha emitido la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA), a pesar de que obligatorio ya que los terrenos destinados al almacén nuclear están protegidos como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

“Este empecinamiento poco tiene que ver con la gestión de los residuos nucleares, pues ahora no hay razones objetivas que justifiquen la necesidad de un ATC”, explican desde Ecologistas en Acción. “El mantenimiento de este proyecto se sustenta, sobre todo, en la pretensión del Gobierno de seguir adelante con el negocio del ATC”, continúan. La organización ecologista apunta que ENRESA ha adjudicado ya con cargo al ATC más de 70 millones de euros y sacado a licitación proyectos, obras y servicios por casi 417 millones de euros, a pesar de no disponer ninguno de los permisos preceptivos. “Algunas de estas adjudicaciones podrían ser ilegales, por lo que, en su momento, se pusieron en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción”, señala la organización.

Desde el MIA, Ecologistas en Acción y la Plataforma contra el cementerio nuclear reclaman el cierre definitivo de esta infraestructura y la apertura de un debate sobre la gestión de los residuos nucleares.

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