Dolores Cospedal. Google images.

LUIS DÍEZ | Cuartopoder | 

Los problemas de personal acechan a la nueva ministra de Defensa y todavía secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Los militares de tropa y marinería profesional piden que no les despidan a los 45 años y han convocado una manifestación para denunciar su precariedad, y los empleados civiles de las contratas suspendidas por su antecesor, Pedro Morenés, y que afectan al Museo del Ejército, en Toledo, y a otras instalaciones militares, incluidos los conserjes del propio Ministerio, reclaman la continuidad en sus puestos de trabajo.

Los militares profesionales de la escala básica se van a movilizar el próximo sábado, 26 de noviembre, ante la sede del Defensor del Pueblo, cuya titular es la conservadora Soledad Becerril, para solicitar que no les despida a los 45 años. El letrado y directivo de la Asociación Unificada de Militares Españoles, mayoritaria en las Fuerzas Armadas, Mariano Casado, recuerda que “les prometieron formación, apoyo, titulación y ayuda al dejar las Fuerzas Armadas y lo están incumpliendo todo”. El antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y excandidato de Unidos Podemos (UP) al Congreso, Julio Rodríguez, se ha solidarizado con su causa y se ha comprometido a asistir a la concentración.

La protesta convocada por la AUME pretende poner sobre la mesa de la ministra Cospedal e introducir en la agenda política un problema que el secretario general de esta asociación profesional, Jorge Bravo, resume apelando a dos preceptos de la Ley de Tropa y Marinería Profesional. Uno dice: “Finalización de compromiso a los 45 años para los militares no permanentes”. Y otro, añadía, a modo de promesa: “Preparación y titulación, así como acceso a las administraciones públicas y medidas de incorporación laboral”. Según Bravo, “el primero se está cumpliendo escrupulosamente. El otro, no”.

Aunque muchos militares temporales optan por reintegrarse a la vida civil y no renovar los contratos, lo cierto es que miles de ellos alcanzan el límite de 45 años sin poder acceder a la escala de suboficiales porque, entre otras cosas, no hay plazas suficientes, y se quedan directamente en la calle. Esta situación comenzó a registrarse hace dos años. Los que en 1990, fecha de la profesionalización total de las Fuerzas Armadas y el fin de la mili obligatoria, tenían 20 años comenzaron a cumplir los 45 el año pasado y tras salir del Ejército sólo les queda el periodo de subsidio de paro y cuando lo agoten, una asignación de 7.200 euros al año hasta la jubilación.

La AUME quiere poner de relieve el absoluto incumplimiento de las normas que obligan al Gobierno y al Ministerio de Defensa a dotarles de “preparación específica” y a facilitar su salida del Ejército mediante instrumentos de relación con empresas y con entidades públicas que les podrían dar empleo. “Es lo que les dijeron al firmar su compromiso y no están cumpliendo”, explica un portavoz de la asociación. “La situación de incertidumbre y desamparo de estos militares y de sus familias se irá agravando –añaden desde la AUME- a medida que pasen los meses y la segregación vaya aumentando”. Por eso piden a la ministra y a su nuevo equipo una solución urgente con prórrogas y con alternativas claras para que estos militares, que son el “auténtico soporte operativo” del Ejército, puedan adquirir la condición de “militar de carrera”.

Los representantes de la AUME, que también consideran “penoso” el trato a los militares con discapacidad sobrevenida, tanto a los que siguen en activo como a los que han sido retirados del servicio, no sólo quieren informar a la Defensora del Pueblo, sino que la ministra y su equipo se sienten con las asociaciones a escuchar el problema y se comprometan a poner los medios necesarios para resolverlo. El dirigente de AUME, Bravo, ha dirigido una carta a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, sin distinción de escalas y rangos, pidiendo que se solidaricen con los de abajo y eviten que la cadena se rompa por el eslabón más débil.

Otro problema que reclama una solución urgente de la nueva ministra y de su secretario de Estado y exalcalde de Toledo, Alfredo Cónde, se refiere al personal civil que ha quedado en la calle después de que Defensa cancelara la contrata con la empresa Proman, a la que adjudicó en 2014 el servicio de conserjería de distintas dependencias. Los conserjes eran personal subrogado de contratas anteriores. Entre los que han quedado en el paro se halla los 36 empleados del Museo del Ejército, que han mantenido una larga lucha por el reconocimiento de sus derechos y con el apoyo de CC.OO. han ganado todas las demandas en los tribunales. La contrata les debe salarios desde el mes de mayo. Desde septiembre, el Museo no funciona, con la consiguiente pérdida de ingresos por entradas de visitantes. El secretario general de CC.OO., José Luis Gil, reclamó ayer la intervención de la ministra o de su número dos, Conde, para que la nueva empresa, Ombuds, a la que Defensa ha adjudicado la contrata por cuatro meses desde el 1 de diciembre, reponga en sus puestos a todos los trabajadores.

Se da la circunstancia de que la nueva contrata, Ombuds, ya estuvo al frente del personal del Museo del Ejército, pero ante su negativa a reunirse con el comité para abordar la subrogación de los trabajadores, el delegado sindical, Carlos Calvo y los dirigentes de CC.OO. temen que los deja en la calle, “debajo del puente y comiendo chinas del río”, y confían en que la nueva ministra, vecina de la ciudad y expresidenta de Castilla-La Mancha y su secretario de Estado, exalcalde de Toledo, facilite la vuelta de los conserjes a sus puestos de trabajo, tal y como ha solicitado hasta el propio grupo municipal del PP toledano.

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