Los 2.642 millones del ‘contrato del siglo’ para los Ave de alquiler

Talgo se posiciona como virtual ganadora del contrato para la construcción de 30 trenes y su mantenimiento durante 30 años, por 2.642 millones, mientras la desinversión se ceba con las redes regionales y Cercanías.

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ÁLVARO MINGUITO

Diagonal | 23/11/16

El contrato del siglo lo llaman. Un total de 2.642 millones de euros por la compra de hasta 30 trenes de alta velocidad, así como por la prestación del servicio de mantenimiento de la nueva flota durante los 30 años. Es el concurso que el consejo de administración de Renfe anunciaba en 2015 y del que ayer se conocía su virtual ganadora, Talgo, en un proceso muy criticado por los sindicatos.

Tal como se daba a conocer este martes, la empresa española presentaba la mejor oferta técnica, lo que la catapulta a la primera posición para hacerse con el contrato. La vasca CAF, la otra compañía del Estado precalificada, presentó la mejor oferta económica, pero los técnicos la calificaron de insualmente baja. La alemana Siemens, la francesa Alstrom y la canadiense Bombarider eran las otras tres empresas que optaban al concurso.

Gestión del derroche

La operación supone “un error y un ejemplo más de la gestión del derroche que se lleva a cabo desde hace años”, plantean desde el Sector Federal Ferroviario del sindicato CGT (SFF-CGT). “Supone un error invertir en la compra de trenes Ave tras montar una sociedad anónima (Renfe Alquiler SA) que alquila material excedentario a las empresas privadas. Están reconociendo que sobran trenes, entre ellos máquinas y vagones de Alta Velocidad, y que estos los ponen a disposición de lo que serán sus propias competidoras”, remarcan.

La estructura empresarial ferroviaria actual ya responde a la concepción de un mercado de operadores privados para el transporte de viajeros, que, sin embargo, se enfrentan a los altos costes de las máquinas, algo que vendrían a paliar los 30 nuevos trenes. “Renfe Alquiler de Material está destinada al alquiler a bajo coste a operadoras privadas que el Gobierno está tratando por todos los medios que entren, rebajándoles cánones y enfocando toda la normativa para la privatización”, apuntaba a DiagonalFernando Bermejo, del gabinete de prensa de CGT. Entre las compañías que optan a este tipo de servicios, se encuentran viejos conocidos de las infraestructuras como ACS, Acciona o Ferrovial.

Destrucción de empleo y cierre de líneas

La decisión de incluir el mantenimiento de toda la vida útil de los nuevos Ave en la externalización supone una pérdida de cargas de trabajo en el sector público. “Al incluir el mantenimiento, se contribuye a la destrucción de empleo de la Sociedad Renfe Fabricación y Mantenimiento [dependiente de la entidad pública empresarial Renfe Operadora] que en los últimos años ha destruido cientos de puestos de trabajo y ha cerrado bases de mantenimiento y talleres, por considerarlos poco productivos”, denuncian desde el sindicato.

El multimillonario monto del contrato contrasta con el cierre de líneas de Cercanías. FEVE y corta distancia durante los últimos años. Tal como recuerdan desde SFF-CGT, 48 fueron eliminadas entre los años 2012 y 2015, lo que supuso un ahorro de 86,5 millones y afectó a dos millones de viajeros, principalmente de zonas rurales. Cabe recordar que, para el mantenimiento del a red FEVE, la inversión total en 2016 es de sólo 0,49 millones, una red que “ha expulsado al 40% de los viajeros que hace sólo cinco años eran usuarios habituales”, remarcan desde la sección ferroviaria de CGT.

La prioridad de Renfe queda clara con esta inversión, a pesar de que el 87,8% de los viajeros de tren corresponden a las redes Cercanías, infraestructuras que apenas obtienen el 5% de la inversión. “El abandono, los retrasos, las averías, el cierre de líneas, las aglomeraciones, el material obsoleto y las tarifas al alza constante, son una cotidianidad de los 500 millones de viajeros anuales de los servicios de Cercanías y regionales, que ven cómo se les niegan las inversiones mínimas para solucionar estos graves problemas y se los expulsa a la carretera, mientras se dilapidan 2.500 millones en material no necesario para la sociedad”, denuncian desde la central sindical.

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