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Ocho personas acumulan la misma riqueza que la mitad de la población mundial

Esta desigualdad insostenible es la que denuncia Intermón Oxfam en su último informe: Una economía para el 99%. Un informe que también destaca un dato sorprendente: en España el patrimonio de las tres personas más ricas (Amancio Ortega y su hija, Sandra Ortega Mera, y Juan Roig) es mayor que el de la suma de los 14 millones de habitantes más pobres del país.

Este informe de Oxfam de tan solo 29 páginas, pero tan bien documentado como viene siendo habitual, muestra una realidad que por más asumida que esté a nivel general, no deja de ser cada día más preocupante. Y es que ninguna generación de la era industrial había conocido los niveles de diferencia que se han alcanzado en los últimos años, especialmente desproporcionados desde que estallara la crisis de 2008 que dio comienzo a su tercera revolución, mucho más dura y alarmante en este y otros aspectos que las dos precedentes.

El informe de Intermón se acompaña de una captación de firmas con –y esto sí merece un análisis adicional– la pretensión de persuadir a los gobiernos sobre la importancia de adoptar medidas contra el fraude y los paraísos fiscales.

Lo que me ha resultado relativamente llamativo, más allá de estar plenamente de acuerdo con la importancia de lo reivindicado por esta organización, es que teniendo como objetivo las medidas contra la elusión fiscal (llámese fraude o evasión legal) y soportando su argumentación en la desigualdad, no solo no se haga hincapié en ello, sino que siquiera se mencione el principal problema de la fiscalidad actual, mucho mayor que el propio fraude, tanto por su volumen cuantitativo como por sus efectos sociales, y que no es otro que el de la carga fiscal y su falta de progresividad.

Porque si importante es que las grandes fortunas y los dueños de lo que se conoce como el factor capital no eludan sus mínimas obligaciones actuales, que es en definitiva a lo que exhorta este informe, mucho más lo es, como poco, empezar a concienciar sobre la obligación ética, social y humana (y a partir de ahí reglamentaria) de evitar la acumulación de la riqueza global en manos de una oligarquía con inclinaciones psicopáticas. Porque lo que es absolutamente injusto, e incluso absurdo, y peligrosísimo como proceso de aceptación de la subalternidad, es que la financiación del ya escuálido Estado del bienestar recaiga de forma casi completa en las rentas de trabajo y en el incremento desmesurado de una deuda pública cuya devolución tiene prioridad de facto a nivel mundial, y constitucional de hecho a nivel del Estado español.

Y es que, sin necesidad de ponernos apocalípticos por conocer lo que vienen advirtiendo cada vez más economistas, sociólogos, científicos y analistas de prestigio, no parece que exista conciencia de lo que va a suponer en un medio plazo mucho más corto de lo que se percibe, el nuevo modelo de relaciones socioeconómicas y de clase que está gestándose pero del que aún no se está sintiendo más que la calma que precede a la tempestad. Ese mismo paradigma por el que ya se están ensayando en varios países diferentes prestaciones de protección económica de subsistencia, pero no como solución de futuro, sino como medida de transición pacífica hacia una nueva realidad, voluntaria o derivada de la propia naturaleza humana, en la que podemos no tener cabida cuando la mayor parte de la población resulte para algunos una carga prescindible.

Es por esto que resulta lamentable que no se aproveche cada oportunidad para ir generando conciencia de comunidad. Porque hoy por hoy, y pese a los muchos escenarios que están abiertos a la posibilidad, solo esa aparentemente inalcanzable conciencia de sociedad ligada a los derechos comunes parece ofrecer alguna esperanza.

Tres individuos con tanto como otros catorce millones. Ocho como la mitad de la humanidad. El uno por ciento más que el restante noventa y nueve.

Si hemos llegado a aceptar esta aberración con normalidad ¿qué no seremos capaces de aceptar antes de que sea tarde?

Despertemos.

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