¿Terrorismo machista?

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Santiago Alba Rico | Cuarto Poder | 22/02/2017

Un hombre de 86 años ha matado a su mujer, de 79, en una residencia de ancianos de Campello, Alicante. Inmediatamente el presidente de la Generalitat Valenciana –al que se ha unido el coro unánime de la izquierda española– ha denunciado este nuevo crimen del “terrorismo machista”.

¿Terrorismo? ¿Estamos locos? Ya sé que se utiliza este término para moldear mejor nuestra indignación subjetiva y dar más objetividad infame al asesinato, pero esta insistencia en sobresemantizar los crímenes machistas es peligrosa y contraproducente. Define mal los hechos, hurta el debate y debilita la conciencia feminista. En este caso, además, la edad de los implicados –que imprime una dimensión trágica adicional al suceso– hace sonoramente ridícula, en los oídos de la gente común, una acusación detrás de la cual, y no sin razón, nos imaginamos coches-bomba y matanzas en plazas públicas. No es que un anciano de 86 años no pueda hacer estallar dinamita o no pueda aterrorizar, sin ir tan lejos, a su mujer, sus hijos y sus nietos, pero una cuchillada mortal, tras décadas de matrimonio, revela algo tan psicológicamente trágico que cualquier atentado terrorista palidece por comparación.

La mayor parte de los machistas que asesinan a sus mujeres, es verdad, son jóvenes o más jóvenes que el anciano de Alicante. ¿Son terroristas? Tajantemente no. En la izquierda deberíamos poner muchísimo cuidado en no utilizar en favor de una buena causa un concepto legal –y penal– mal definido que suele utilizarse para criminalizar borrosos “entornos” tan diluidos como la memoria del agua en la homeopatía. Bajo ese rubro en nuestro país se han cerrado periódicos, ilegalizado partidos y encarcelado a pacifistas, independentistas y antisistema. Por lo demás, la acusación de “terrorista” implica la pertenencia a un “grupo” –inventado o no– y puede verse acompañada de penas de hasta 40 años sin remisión ni descuentos. Yo no quiero que a ningún asesino, por muy grave que sea su crimen, se le aplique una legislación de excepción, dudosamente ajustada a Derecho, que muchos venimos denunciando en todos los casos desde hace muchos años.

Pero es que, con independencia de su ambigüedad, los crímenes machistas no encajan en ninguna definición de “terrorismo”, ni en la de la ONU ni en la de EEUU. El matrimonio no es un plan para matar a la propia mujer y aterrorizar a todas las otras mujeres del mundo. En el contexto del patriarcado, los maridos machistas no se casan con sus mujeres para asesinarlas: se casan con ellas para someterlas, explotarlas, embarazarlas y, si son buenas y se allanan a sus deseos, para quererlas muy sinceramente (y defenderlas de los otros hombres, así como de otros peligros externos). El machismo, como el racismo, no es una “acción” asible en términos penales; es una relación de poder desigual que no se traduce siempre en violencia física o se traduce, sobre todo, en violencia simbólica y psicológica. El Klu Klux Klan es –o debería ser– una organización terrorista; pero no es terrorismo escupir a un negro o no permitirle entrar en un restaurante. En el caso del patriarcado el asunto es aún más complicado porque –allí donde, como en el caso de España, el matrimonio no lo deciden los padres– las víctimas se casan voluntariamente con sus verdugos. Una mujer puede casarse con un terrorista (muchos yihadistas están casados), pero nunca lo haría con un terrorista cuyo único objetivo declarado –el que lo define como terrorista– fuese precisamente asesinarla.

Ni el matrimonio es una operación terrorista ni el asesinato de la propia compañera tiene nada que ver con el terrorismo. Eso no hace menos grave el hecho: lo hace, eso sí, más difícil de combatir. Para que pudieran calificarse de “terroristas” los crímenes machistas tendría que ocurrir una de estas dos cosas: o bien que los hombres se organizasen en grupos para hacer batidas de caza y exterminio de las mujeres; o bien que se probase que el matrimonio mismo es un plan para matar –casi siempre, por cierto, fracasado– en virtud del cual algunos maridos llegan a esperar cuarenta años, como el anciano de Alicante, antes de cometer el crimen que concibieron en el “altar”. Las dos hipótesis son absurdas. El patriarcado no es un proyecto de exterminio de las mujeres; los hombres sueñan con utopías machas sin hembras, es verdad, pero se resignan a esa dependencia respecto de otros cuerpos que los cuidan y les dan hijos y, pragmáticamente avenidos a no matarlas, se casan con ellas. El matrimonio mismo, en este sentido, es un plan de “dependencia desigual”, no de asesinato, pues si lo fuera pocas mujeres se casarían por propia voluntad –no digamos con entusiasmo– y, en todo caso, bastaría una ley para impedir la “operación criminal”. ¿O es que hay algún feminismo que reclame la abolición del matrimonio y, en general, de las relaciones heterosexuales estables libremente escogidas?

No sería una buena manera de que el feminismo ganara mayorías sociales para su justa causa. Creo, en efecto, que esta consideración del machismo como “terrorismo” no sólo legitima conceptos pseudojurídicos que debemos cuestionar también en muchos otros casos, sino que aleja a muchas mujeres normales, malcasadas, de mediana edad, de la conciencia de los peligros de esa “dependencia desigual”. Un gran acierto de Podemos mientras Clara Serra se ocupó del área de Igualdad –y no hay por qué suponer que Sofía Castañón lo hará peor– fue éste de romper con el elitismo ceñudo de la “vieja izquierda” que ahora amenaza con volver. No siempre he estado de acuerdo con Clara Serra (no tengo muy clara mi posición sobre la pornografía, por ejemplo, aunque sí sobre la necesidad del debate), pero he admirado su valentía a la hora de polinizar el sentido común general contra ese feminismo regañón, culpabilizador y atléticamente militante que exige a amas de casa sin formación política o a trabajadoras de clase media agotadas por la doble jornada censurar sus fantasías sexuales o repetir eslóganes –”terrorismo machista”– que, alejados de su experiencia personal, no les permite comprender y cambiar su propia realidad. Tratar de imponer como “corrección política” esta exigencia, identificando el matrimonio mismo como una “operación terrorista”, resulta tan desaforado a los ojos de la mayor parte de las mujeres normales, y las hace sentir tan culpables, que podrían acabar cediendo bajo presión al neomachismo “liberador” tal y como la población en general, frente a una socialdemocracia hipócrita y “colaboracionista” y una extrema izquierda ascética y solipsista, está cediendo ya en Europa y EEUU a un neofascismo “emancipatorio”. A neo-hombres orgullosos de su machismo maltratador podrían seguir neo-mujeres que defiendan de manera desafiante, frente a este feminismo religioso y “puritano”, su inalienable derecho a ser maltratadas.

La “corrección política” feminista, que debe imponerse –con tolerancia cero– en las instituciones, no puede impedir o simplificar los debates. Si lo hacemos, si utilizamos consignas y etiquetas para forzar alineamientos maniqueos o blindar posiciones de poder, cada vez más gente verá en el feminismo –como quieren los obispos– una “ideología” y no una simple cuestión de Derechos Humanos. Eso ha ocurrido estos días, por ejemplo, con las reacciones dentro de Podemos a la lamentable portada de la revista Tiempo o a los honestos y discretos artículos de Rubén Amón sobre Pablo Iglesias e Irene Montero. O con las reacciones –que ya anticipo– a estas reflexiones mías.

Hay dos principios elementales que deberíamos defender en medio de cualquier tormenta mediática, so pena de recaer en la mentalidad de “plaza sitiada” que tanto daño ha hecho a la izquierda realmente existente. El primero es que, con independencia de su sexo, su formación o su edad, tenemos el derecho a cuestionar a nuestros políticos y, desde luego, a nuestros dirigentes. Con la mejor intención del mundo, la directora de Público, Ana Pardo de Vera, ha quintaesenciado en un reciente artículo este uso un poco expeditivo del “feminismo” reductor: lo que critican en Irene Montero, decía, es que “es mujer, es joven y es de Podemos”. Yo conozco a algunas mujeres jóvenes y de Podemos que también critican a Irene Montero. ¿Cuál de ellas tiene razón? ¿Cuál de ellas no es feminista? Conozco también mujeres menos jóvenes e igualmente afines, como Ada Colau o Carolina Bescansa, cuyo poderoso feminismo se ha impuesto de manera tan natural que reciben críticas y apoyos al margen de cualquier criterio de género o de edad. Nadie puede ser condenado sólo por ser mujer, joven y de Podemos, y es imperativo denunciar esos ataques “derechistas” cuando se produzcan; pero nadie puede ser salvado sólo por ser mujer, joven y de Podemos; y es no menos imperativo garantizar, frente a las mordazas “políticamente correctas” –en realidad antipolíticas–, el derecho a la crítica: la crítica incuso de la juventud como valor superior. El feminismo no puede reprimir la política sin convertirse –como quieren los obispos– en “ideología de género”.

El segundo principio tiene que ver también con esta necesidad de proteger los debates políticos. Me parece muy saludable el cuidado con el que los medios de comunicación han pasado por alto, con disciplina esperanzadora, la relación de pareja entre Pablo Iglesias e Irene Montero, pero no puede decirse que sea una cuestión baladí o estrictamente privada. Con independencia de los muchos y grandes méritos de ambos, plantea alguna incomodidad política –o al menos a mí me la plantea– el que los dos máximos dirigentes de un partido con ambición de gobierno estén unidos por una relación sentimental; constituyan, de alguna manera, un “matrimonio” o, por decirlo de otro modo, mantengan entre sí relaciones de lealtad recíproca no-políticas de orden amoroso. Será difícil convencer a un ama de casa –o a un conductor de autobús–, por no hablar de un lector de Shakespeare, de que ese vínculo, que los vuelve vulnerables el uno frente al otro y a todos frente a ellos dos, no tiene efectos políticos, quizás –por qué no– incluso favorables; y no veo en qué sentido sería “feminista” negarlo. No hay nada en los estatutos de Podemos que prohíba esta relación en la cúpula o el amor entre compañeros, e Irene Montero ha sido largamente votada y ovacionada en Vistalegre II, pero no hagamos como si no significara nada. Y sobre todo, no saltemos –¡en nombre del feminismo!– al cuello de los periodistas que se ocupan de ese vínculo, y menos si lo hacen respetuosamente, porque entonces parece, sí, como si confesáramos que, bajo tanta indignación, en realidad nos da un poco de vergüenza el asunto.

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