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Convergència, un partido corrupto hasta el tuétano

Steven Forti | bez | 09 marzo 2017

En el juicio del caso Palau, Felix Millet confesó que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) obtuvo entre 1999 y 2009 financiación ilegal a través del Palau de la Música a cambio de concesiones de obra pública. Esta confesión es una bomba para la política catalana y a medio plazo puede poner en entredicho la estabilidad del Gobierno.

Lo que todo el mundo sabía desde hace tiempo ahora se ha afirmado sin ambáges delante de unos jueces. Convergència, el partido que ha gobernado durante casi tres décadas en el Principado y que, aunque con otro nombre, el de Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat), sigue gobernando en la actualidad junto a Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC), se financiaba ilegalmente. En el esperado juicio, que tras casi ocho años de investigaciones se celebra en Barcelona, Felix Millet, el expresidente del Palau de la Música, ha reconocido que el partido fundado en 1974 por Jordi Pujol obtenía mordidas a cambio de concesiones de obra pública. Cobra otra vez relevancia lo que, en una sesión del Parlamento catalán de febrero de 2005, el expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó a Artur Mas, ya entonces líder de CDC: “Ustedes tienen un problema que se llama 3%”.

Ferrovial pagaba el 4% del coste de la obra

A decir verdad, según las declaraciones de Millet, las comisiones en estos casos eran del 4% del coste de la obra: de esto un 2,5% era para Convergència, un 1% para el mismo Millet y un 0,5% para el entonces director administrativo de la entidad, Jordi Montull. “Ferrovial hacía unas donaciones al Palau que después iban a Convergència a cambio de concesiones de obra pública”, afirmó Millet. Estas donaciones se hacían de tres formas: con entregas de dinero en efectivo, con facturas falsas o a través de la fundación Trias Fargas, vinculada a CDC y en 2009 renombrada como CatDem.

“Ferrovial hacía unas donaciones al Palau que después iban a Convergència a cambio de concesiones de obra pública”, afirmó Millet

Sin embargo, Millet, para el cual la Fiscalía pide 27 años de prisión y 25 millones de euros de multa, ha evitado implicar a altos cargos del partido, como el exconsejero Germà Gordó, cuyo nombre ha aparecido en más de una ocasión en las investigaciones sobre los casos de corrupción que afectan a CDC. Millet ha declarado que las entregas del dinero para Convergència se hacían a los tesoreros de la formación, Carles Torrent, fallecido en 2005, y Daniel Osàcar, que también está sentado en el banquillo de los investigados y por el cual la Fiscalía pide 7 años y medio de prisión y 20 millones de euros de multa.

Un saqueo de 24 millones de euros

La confesión de Millet confirmaría así la acusación de la Fiscalía, según la cual entre 1999 y 2009 Millet y Montull habrían saqueado de las arcas del Palau unos 24 millones de euros, de los cuales más de 6 millones habrían ido a parar a las cuentas de Convergència. Una buena parte del dinero habría acabado también en las cuentas de los dos investigados para pagar viajes, obras de reformas en sus viviendas particulares y el pago de la boda de la hija de Millet, además de un bonus de un millón de euros que se habían asignado cada año. “Fue un error mío brutal. Vuelvo a pedir perdón”, declaró Millet que, como Montull, se había declarado ya autor confeso del expolio de la entidad. La novedad de este miércoles fue el reconocimiento de la implicación directa de Convergència en las mordidas.

Una buena parte del dinero habría acabado también en las cuentas de los dos investigados para pagar viajes, obras de reformas en sus viviendas particulares y el pago de la boda de la hija de Millet

La pasada semana se reveló que Jordi Montull había cerrado un acuerdo con la Fiscalía para confesar la implicación de CDC en el expolio del Palau y para salvar a su hija, Gemma, ex directora financiera de la entidad, para la cual la Fiscalía pide 26 años de prisión. Pero Millet se adelantó a Montull, descargando además todas las responsabilidades fiscales sobre él y su hija.

Entre lagrimas, Gemma Montull ha declarado, en cambio, que era Millet el que “lo decidía todo”. Pero no ha desmentido su exjefe en lo que concierne a CDC, además de añadir que “formaba parte de una dinámica normal” y que esto no se acota probablemente solo a Ferrovial, que durante el último Gobierno de Jordi Pujol (1999-2003) pudo hacerse con la adjudicación de la Ciudad de la Justicia y de la línea 9 del metro.

El caso Palau puede hundir a Convergència

La confesión de Millet va a ser una bomba para la política catalana. Ya en la sesión de control que se ha celebrado este miércoles en la Cámara autonómica, la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas acusó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de querer “tapar la corrupción con una gran estelada”. El mandatario catalán se desvinculó de la acusación y negó que en su Gobierno haya casos de corrupción. En la misma línea se sitúa la dirigencia del PDECat que intenta demostrar que todo lo que se está juzgando atañe a Convergència y no a la nueva formación. Tras los testimonios de Jordi Montull y del extesorero de Convergència, Daniel Osàcar, que declararán este jueves, Artur Mas, actual presidente del PDECat y secretario general de CDC en los años que se están juzgando, dará su versión.

El caso Palau durará cuatro meses más y lo que puede revelarse salpicará a CDC, digan lo que digan sus dirigentes. A esto deben sumarse los otros juicios que están relacionados con los supuestos casos de corrupción de la antigua Convergència, como el caso 3%, donde han salido ya los nombres de Gordó y del mismo Mas, o el caso de la familia Pujol, entre otros. Más que salpicada, CDC puede acabar tocada y hundida. ¿Qué hará entonces ERC? ¿Mantendrá el pacto de Gobierno con un partido corrupto hasta el tuétano para mantener vivo el procés? Y, ¿qué harán los anticapitalistas de la CUP? ¿Seguirán apoyando un Gobierno cuyo presidente es un convergente?

Un Comentario

  1. Cotilleja Sinremedio
    Cotilleja Sinremedio 14 marzo, 2017

    Al margen de los temas indignantes que en el día a día constatamos -y no reseño por ser sobradamente conocidos- es destacable el cabreo existente en los ciudadanos contra la Justicia, ya sea por injustas leyes o por arbitraria interpretación de los magistrados en virtud del estatus del que delinque, pero que en ambos casos facilitan la impunidad de los ladrones de guante blanco saqueadores del erario público, al tiempo que evidencian la discriminación con los actos llevados a cabo por maleantes de baja estirpe, pero también con sindicalistas, que en aras de mejorar los derechos ciudadanos recurriendo a la controlada libertad de expresión aún existente, son castigados por diferente criterio, imponiéndoles desorbitadas sanciones, e incluso prisión inmediata.

    Viene a colación de lo expuesto (y sin menoscabo de la corrupción en la que haya podido incurrir el Sr. Mas) su inhabilitación temporal por el TC, cuando, la causa del 9-N, no es sólo un problema local…residual… de sus dirigentes catalanes, como pretende hacernos ver la Triple Alianza con la manida unidad de España, pues, aun siendo parte interesada la representación catalana, compete al resto de España, debido a la coyuntura institucional, socioeconómica y estructural existente, que parte por un lado del contubernio constitucional del 78 lleno de ambigüedades y por otro, de la vergonzante gestión, aprovechándose de las mismas, de los partidos convencionales que tenemos, motivando un generalizado cabreo ciudadano y sin distinción con el de los catalanes, por lo que, acusar a sus dirigentes de desobediencia a la Ley, cuando el PP y PSOE, como CIU (con el Sr. Pujol) y el mediodestronado, han sido los primeros antisistemas del 78 que han burlado las leyes, creando escuela futurible, resulta irónico. Y lejos de estar en prisión los responsables, atentan en momentos selectivos contra la causa del 9-N, pero, independientemente de tanto surrealismo, este tema catalán, que cuenta con su propio Parlamento recogiendo el deseo de una gran parte de sus votantes para sacar las urnas y decidir su futuro, debiera haberse tratado desde la política, aunque, eso sí, con un presidente de Gobierno competente (no como el Sr. Rajoy) para afrontar problemas de envergadura sin esperar a que los solucionen otros (en este caso, recurriendo al TC, que, por cierto y como todos sabemos, es un organismo politizado). Ya digo, todo es, en el mejor de los casos, de un surrealismo…más que irrisorio, atenazante por sus intersecciones con el resto de españoles al no compartir tampoco este modelo de Estado.

    Por tanto, ciñéndome exclusivamente a la condena por el 9-N y los hechos acontecidos que prueban las argucias empleadas por el Gobierno Central para desestabilizar a sus rivales políticos, y la separación de España por deseo de gran parte de ciudadanos catalanes, hará bien el Sr. Mas en apelar como última instancia, al Tribunal de Estrasburgo, pues seguro que resuelve a su favor.

    Por lo demás, a nosotros nos queda esperar un gobierno de auténtica izquierda, más pronto que tarde.

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