Rubén Sánchez: “El Gobierno no quiere contarnos lo que pasa con los alimentos peligrosos. Todo eso es secreto”

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José Antequera | Gurb | 17 marzo 2017

A veces, cuando vamos al supermercado a comprar alimentos con la tranquilidad que da entrar en un comercio que se supone con todas las garantías, no somos conscientes de que dentro hay ciertos tipos, por llamarlos de alguna manera, dispuestos a darnos gato por liebre. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, la organización que defiende los derechos de los consumidores, trabaja para que el comprador no sea estafado por los desaprensivos, que cada vez son más y más astutos. Los peligros que acechan a los clientes son múltiples: falsos etiquetados, información confusa o defectuosa, alimentos con ingredientes perjudiciales para la salud, teleoperadores entrenados como perros de presa para sacarnos el dinero, compañías eléctricas que hacen del tarifazo el gran deporte nacional, banqueros piratas, corredores de seguros todavía más piratas… El mercado se ha convertido en una jungla hostil llena de tramposos y cepos en los que caemos cada día sin darnos ni cuenta. ¿De quién es la culpa de que nos engañen? “Primero están las empresas que cometen los fraudes. Luego hay una responsabilidad de los gobiernos que no actúan ante esos fraudes o bien porque son torpes o bien porque no quieren actuar. Y en tercer lugar estamos los propios consumidores, que tenemos que alcanzar la mayoría de edad y asumir que tenemos que enfrentarnos a esos fraudes”. Tome lápiz y papel y apunte. No sea pardillo. Su bolsillo y su salud se lo agradecerán.

Empecemos por las compañías eléctricas, para explicarlo de forma sencilla, ¿por qué estamos pagando cada vez más por la luz?

Bueno, realmente estamos pagando tarifas desproporcionadas por la luz porque es un sector donde se cometió una liberalización-estafa, igual que ha ocurrido en otros sectores, y porque el Gobierno no tiene una gran capacidad de intervención sobre las tarifas. No hay unos mecanismos de supervisión o control y eso provoca que se ponga en manos de un oligopolio que puede o bien tener un acuerdo de no agresión, es decir, de no competir entre sí o incluso llegar a adoptar el fraude o prácticas fraudulentas en la fijación de los precios, como por ejemplo ocurrió con Iberdrola en 2013 cuando paralizó centrales hidráulicas para poder encarecer el precio.

¿Influyen realmente las puertas giratorias en la factura de la luz?

Bueno, el poder económico manda sobre el político y el poder económico es el que dicta las políticas energéticas en nuestro país y coloca a ministros en el Gobierno o coloca a exministros en sus consejos de administración. Hoy tenemos por ejemplo un ministro de Economía que era uno de los consejeros mejor pagados por Endesa y en Endesa, en Iberdrola y en Gas Natural Fenosa tenemos a altos cargos del Gobierno, hasta ex presidentes del Gobierno en sus consejos de administración o contratados por esas grandes empresas, con lo cual sí hay una puerta giratoria que evidentemente tiene una influencia enorme, una puerta giratoria que va en dos direcciones.

¿Qué debería hacer un Gobierno que quisiera terminar con la pobreza energética?

Pues preocuparse por revisar las cifras tan alarmantes que hay precisamente de esa pobreza energética, los más de 650.000 cortes de luz que se producen en un solo año, de los cuales una inmensísima mayoría son por problemas de la gente para poder pagar el recibo, en lugar de ridiculizar o burlarse de esos cortes y plantear que parte de ellos son de gente despistada que se olvida de pagar y que luego lo resuelven sobre la marcha pagando con tarjeta en el banco. Eso es lo que llegó a decir el ministro Álvaro Nadal en el Congreso cuando le hablaron de esas cifras de cortes de suministro. Por lo tanto, cuando en lugar de asumir el problema lo que se hace es intentar minimizar el problema o incluso plantear que no es tal el problema, evidentemente está claro que la preocupación del ministro de Energía y del Gobierno es defender los intereses de las eléctricas.

¿Hay más pobres energéticos de los que dicen las estadísticas? ¿Qué cifras baraja Facua?

Bueno, nosotros partimos de que hay una cifra alarmante de pobreza energética y tarifas muy elevadas que afectan a cualquier consumidor, tenga un nivel preocupante en su economía, tenga un bajísimo nivel económico o no, pero en cualquier caso la tarifa ya de por sí es cara y no es justo que sea tan cara. No entendemos por qué tenemos que asumir que el presidente de Iberdrola tiene que ganar 44.000 euros al día y que eso es lo normal en este país.

¿Y qué puede hacer un consumidor que quiera reducir el tarifazo?

Emigrar.

Jajaja, claro, pero aparte de eso… en el día a día me refiero…

A nosotros nos preocupa mucho que se recurra al mensaje de que es el consumidor el que puede adoptar medidas para reducir el gasto, porque es cierto que en parte puede hacerse. Hay todavía algunos consumidores que quizás no consumen de forma adecuada, pero digamos que hay unas nociones muy básicas para adecuar el consumo energético, y hay gente que ha llegado al extremo de privarse del uso de la calefacción sencillamente porque no puede llegar a fin de mes, o sea hay determinados consumidores, millones de consumidores, a los que les podríamos decir: “Usted ya ha hecho casi todo lo posible para tener una factura más baja, ahora el siguiente consejo es que se muera de frío”, porque se podría llegar a ese extremo. A nosotros no nos gusta ese discurso, no nos gusta que nuestro discurso se centre en: “Estas son tus pautas para ahorrar”. Porque nuestro discurso se centra sobre todo en: “Tenemos que denunciar un macrofraude que consiste en un Gobierno que tolera tarifas desproporcionadas y tenemos que acabar con eso y movilizarnos”, porque si no, nos podríamos despistar en el discurso y trasladar la idea de que somos nosotros los consumidores los responsables de poder bajar el coste del recibo.

Es decir que estamos ante un mercado sobre todo especulativo, ¿no?

Exacto.

¿Y qué ha pasado con esa comisión de investigación que se iba a abrir en el Parlamento? Parece que no se está haciendo nada tampoco por esa vía.

Bueno, no tengo datos en ese sentido. Nosotros incluso hemos pedido reuniones al Partido Popular, al grupo Popular en el Congreso o al ministro de Energía. Lo hemos hecho nosotros junto a más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil, donde están las grandes centrales sindicales, las organizaciones ecologistas, la PAH, etcétera, y ni el ministro ni el grupo Popular nos han contestado, no nos quieren recibir, no quieren hablar con nosotros, ellos solo se reúnen con los señores de las eléctricas para recibir sus políticas, pero no se quieren reunir con las organizaciones de la sociedad civil.

¿En otros países del entorno europeo pasa lo mismo o es una cosa exclusivamente de España?

Bueno, hay distintos niveles de pobreza energética en Europa, hay distintos modelos tarifarios. Nos ponemos evidentemente en una perspectiva muy negativa de lo que ocurre porque si comparamos las tarifas españolas con las del resto de países de la Unión Europea, nosotros estamos entre los países con los precios más elevados.

Al final parece que la única solución de Rajoy es rezar al dios de la lluvia…

Sí, que se lleva un poco al extremo del cinismo ¿no? a plantear que son siempre factores externos los que pueden provocar la bajada de la luz y que el Gobierno no tiene ningún tipo de capacidad de intervención. No sé, lo que nos preguntamos es si este Gobierno no tiene nada que hacer en un sector tan básico, tan esencial como la electricidad. Esos señores que dicen que son los únicos que saben gobernar, que los demás serían incapaces, realmente ¿a qué se dedican estos señores en el Gobierno? Si no tienen ni idea de cómo acabar con las desproporcionadas tarifas de la luz y con la pobreza energética, están demostrando que o no saben gobernar o realmente su objetivo no es gobernar para el bien común sino para el beneficio de los que mandan en ese oligopolio energético para que ellos se forren a costa de empobrecer a los ciudadanos.

El movimiento de los consumidores ha crecido en los últimos años. ¿Somos cada vez más responsables?

Bueno, nosotros concretamente hemos crecido en los últimos años en España, en nuestra organización ahora mismo somos más de 190.000 miembros, estamos hablando de cerca de doscientas mil personas que forman parte de Facua. Hemos experimentado un crecimiento importante en los últimos tiempos, está claro que nos ha ayudado mucho a aumentar nuestras reivindicaciones y movilizaciones nuestra presencia en los grandes medios y también la dinamización de nuestras acciones y campañas a través de las redes sociales. Pero todavía no hemos llegado a un nivel donde podamos establecer que realmente los consumidores somos fuertes en la lucha contra los abusos, queda muchísimo camino por recorrer, tenemos que empoderarnos muchísimo más, es fundamental que muchas más personas, muchas más decenas de miles de personas se unan a movimientos ciudadanos como Facua dedicados a la defensa de los consumidores. Por tanto, nosotros no estamos satisfechos de la fortaleza que hemos alcanzado, aunque no nos cabe ninguna duda de que hoy somos muchísimo más fuertes que hace cinco, diez o quince años.

En el mercado de los alimentos están pasando cosas extrañas, como la polémica de la panga… ¿Crees que en España hay seguridad alimentaria suficiente, que el consumidor puede estar tranquilo con lo que come?

Uno de los datos que más nos preocupa, una de las cuestiones más alarmantes, es que para la Red de Alerta Alimentaria, que coordina el sistema de Sanidad y las comunidades autónomas donde se introducen alimentos que se consideran que tienen peligro para la salud o que incumplen la información en el etiquetado, o que engañan en el etiquetado, esos productos son secretos, con lo cual hay multitud de movimientos de órdenes de retirada del mercado o de cambios de etiquetado de productos, bien por peligro, bien por engaño, en los que al consumidor se le mantiene al margen. No nos quieren contar lo que se está haciendo con esos productos, no se nos quiere contar la existencia de peligro en determinados productos…

Sí, pero parece que el mercado alimentario en España en los últimos años tiene más fisuras, el sistema no funciona tan bien o parece que no funciona tan bien como funcionaba, por la comida que nos entra del extranjero, por las deficiencias en los etiquetados…

Precisamente lo que habría que preguntar a los mecanismos de regulación y control es qué están haciendo, si están realmente controlando el mercado, evitando o actuando previamente ante la presencia de productos con sustancias no autorizadas, etcétera. Pero ya te digo que todo eso es secreto. Cuando un Gobierno y cuando los diecisiete gobiernos autonómicos mantienen en secreto los mecanismos de control del mercado y la detección de fraude, cuando todo eso se quiere mantener en secreto, nosotros pensamos que se están defendiendo más los intereses de la industria alimentaria y la distribución que los intereses de los consumidores. Por eso te traía a colación una cosa con otra… Nos dicen: “No se preocupen, que la panga que se vende en España no implica riesgos para la salud” y no hay informes públicos que pongan de manifiesto cuántos muestreos de panga se han realizado en España en los últimos años por parte de cada una de las comunidades autónomas, cuántos análisis de laboratorio se han efectuado. Nosotros tenemos que hacer un acto de fe para pensar que cuando dicen “no hay peligro” es que realmente han controlado el mercado pero, ¿y si no han controlado realmente el mercado? ¿Y si hay un déficit enorme en esos mecanismos de control? Pues la falta de transparencia tiene que provocar por fuerza recelos y sospechas. A lo mejor se está controlando, pero bueno, es tan fácil como que se sea transparente y se dé participación real a los movimientos organizados de consumidores en los mecanismos de control y se nos facilite información que sea lo suficientemente transparente, porque si no, ya te digo que la confianza es lo que vamos a perder.

Es decir que muchas veces eso que se dice en la calle de que no sabemos lo que comemos no está tan lejos de ser cierto, ¿no?

Exactamente.

¿Y con las rebajas? ¿Recibís muchas denuncias de abusos y de falta de información?

Bueno, en esa modalidad de venta, igual que lo que ocurre con el Black Friday o con cualquier tipo de oferta especial, hay un problema creciente de desconfianza del consumidor cuando ve que hay empresas que anuncian rebajas de productos y que luego se destapa por organizaciones como Facua, o por usuarios en las redes sociales, que hay mentiras en ese sentido. Nosotros hemos encuestado a los consumidores y había un altísimo porcentaje que nos decía que ha detectado en muchos comercios falsas rebajas, productos que saben que no tienen el descuento que están anunciando porque ya les habían dicho el precio original semanas antes o sencillamente porque ven que la etiqueta de debajo de la rebajada es exactamente la misma que la del precio con el supuesto descuento. Y ahí ocurre lo mismo, los mecanismos de control, en este caso de las comunidades autónomas, no son eficaces, no se desarrollan protocolos de actuación que acaben con el fraude en rebajas, sino todo lo contrario, están fomentando que cada vez haya más fraude en ese sentido. No hay transparencia, tampoco sobre los mecanismos de control, no sabemos si se está multando a empresas por engañar en las rebajas, o por cometer fraude, porque si se producen esas multas, desde luego son secretas. Ningún Gobierno dice: “Hemos multado a tal empresa por engañar en las rebajas y hemos puesto esta multa millonaria por el fraude”. Por tanto, partimos de que o no se ponen las multas o se ponen en secreto, lo cual precisamente provoca que a las empresas no les perjudique apenas, porque la cuantía de las multas es insignificante en relación a las dimensiones del fraude.

Otro sector donde la piratería es galopante es el de las compañías de telefonía móvil. ¿Hasta cuándo el consumidor va a tolerar esto? ¿Qué se puede hacer? El Gobierno parece que tampoco quiere entrar a regularlo, ¿no?

Bueno, como la electricidad, que es otro sector liberalizado, igual que el gas, igual que las gasolinas, son sectores donde no hay competencia real, donde estamos en manos de un oligopolio, donde la incipiente competencia que había en España se ha minimizado porque las pequeñas o medianas compañías han sido absorbidas por las grandes y hemos visto cómo se ha producido la compra de ONO por Vodafone, la compra de Jazztel por parte de Orange, el hecho de que Yoigo y Pepephone hayan sido compradas por MásMóvil y ahora crea una especie de cuarto gran teleoperador de comunicaciones, es decir, hay un proceso de concentración, partiendo de que las telecomunicaciones en España se inician con una liberalización  en la que había tres grandes operadores que eran Telefónica, Vodafone, que inicialmente se llamaba Airtel, y Amena, que luego se llamó Orange. Pues esas tres grandes compañías, cuando empiezan a ver que entran otros nuevos teleoperadores, van absorbiéndolos, van comprándolos y se vuelve a concentrar el sector en tres grandes teleoperadores y un cuarto. Pero sobre todo son tres grandes, que lo primero que hacen después de los procesos de compra es aplicar subidas paralelas de precio, aplicar subidas incluso incumpliendo sus propios contratos, en los que ponen al consumidor una permanencia de dos años, se saltan esas obligaciones de permanencia que también tendrían que cumplirlas ellos y nos suben las tarifas ilegalmente. Y ninguna administración del Gobierno ni de las comunidades autónomas interviene contundentemente.

Pero ¿por qué pasa esto, por qué esta permisividad?

Exactamente por lo mismo que vivimos con la electricidad. Por un lado hay puertas giratorias, poder, presión de los lobbies de las multinacionales de las telecomunicaciones sobre los gobiernos, y por otro lado ineptitud política, el hecho de que haya responsables políticos en el Gobierno central y en las comunidades autónomas que sean ineptos y que no asuman que tienen que cumplir con una obligación. Por ejemplo, nosotros en España tenemos una ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que posiblemente todavía no se ha enterado de que ella también tiene las competencias en las políticas de protección al consumidor ni de que el ministerio que antes se llamaba de Sanidad y Consumo y que hoy se llama Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el ministerio que tiene las competencias de protección al consumidor. Dolors Montserrat es absolutamente inédita en políticas de consumo, no ha hablado, no ha abierto la boca para contar nada sobre los grandes fraudes que sufren los consumidores, ni siquiera ha abierto la boca para hablar del macrofraude de la cláusula suelo, se ha dejado en manos de otros ministerios el adoptar esas supuestas medidas regulatorias para fomentar que pueda haber mecanismos de devolución del dinero extrajudicial, que son también una pantomima, pero ahí Dolors Montserrat no ha dicho nada. Por tanto, si la máxima competente en el Gobierno de España en protección al consumidor al final demuestra que, o es una incompetente o es una inepta, pues está claro que poco podemos confiar en que este Gobierno vaya a trabajar en la defensa del consumidor. Con las comunidades autónomas ocurre lo mismo, tenemos consejeros de distintas áreas que pueden ser consejeros de Economía, consejeros de Salud, consejeros de Industria, que tienen dentro los organismos de protección al consumidor. En España, además, la sanción por fraude al consumidor está en manos de las comunidades autónomas, la ley de defensa de los consumidores plantea que son las autonomías las que podrían poner multas por fraude, por incumplimiento de las leyes de consumo, y no se aplican esas multas o son de cuantías absolutamente ridículas, con lo cual vemos igualmente ahí una ineptitud o una irresponsabilidad por parte de los políticos responsables de Consumo en las que no se mete mano, no se ponen en marcha mecanismos de control del fraude y protección real del consumidor.

Hemos visto cómo la cúpula del Banco de España ha sido imputada por dar cobertura a la estafa de Bankia. ¿Dispone el Estado de controles suficientes para evitar estos abusos?

Otra cosa es que el Estado quiera utilizar estos mecanismos de control. El Banco de España que dijo que las cláusulas suelo eran legales es el mismo Banco de España que hoy está recogiendo firmas para defender a los imputados del caso Bankia y eso nos parece un absoluto escándalo. Por tanto, los organismos que pueden actuar ante el fraude cierran los ojos ante él y por tanto nosotros quisiéramos que hubiera más mecanismos de control, más funcionarios inspeccionando el mercado, pero es que realmente ni siquiera los que hay se movilizan para hacer lo que hay que hacer, sencillamente porque el Gobierno de turno, igual da que sea el Gobierno de España o el de cada una de las comunidades autónomas, no pone en marcha esos mecanismos de control, prefiere mirar hacia otro lado cuando se están produciendo esos fraudes masivos de bancos, telecos, energéticas, aseguradoras, etcétera.

¿Crees que los afectados por las preferentes van a recuperar su dinero o eres pesimista?

Los afectados de las preferentes ya tuvieron un mecanismo de arbitraje hace años, otros han ido a los tribunales…

Pero muchos no han cobrado, la mayoría están todavía sin indemnizar, según creo. ¿O a todos se les ha resarcido del dinero que se les estafó? ¿No disponéis de cifras sobre esto?

Hay un porcentaje de consumidores que utilizaron el mecanismo arbitral que puso en marcha el Gobierno y se les ha devuelto el dinero y hay otro porcentaje, que más o menos podría ser mitad y mitad, que han tenido que recurrir a los tribunales; los que no han ido a tribunales, los que no lo han hecho, pues no han recuperado el dinero. Aquí el problema es que ese porcentaje de usuarios, los que tuvieron un mayor nivel de inversión en preferentes, son los que se han visto obligados a ir a juicio, igual que se están viendo obligados los afectados de las cláusulas suelo, por el cobro ilegal de los gastos de formalización de la hipoteca, etcétera.

Y con el desfalco de todos estos años en las cajas de ahorro, ¿crees que volverá a ocurrir o se están poniendo mecanismos para que no vuelva a pasar?

Bueno, la cuestión es que no son errores, son prácticas consentidas, gobiernos que miran hacia otro lado cuando se están produciendo determinadas anomalías, o que protegen a los que cometen fraudes o abusos, o incluso en el mismo Gobierno, donde tenemos a autores de fraude o máximos responsables de delitos. No olvidemos por ejemplo a Rodrigo Rato. Los sectores que eran liberalizados, los sectores objeto de privatizaciones y liberalizaciones, pagaban a Rato. Es una de las noticias que ha transcendido en los últimos días. Él se benefició económicamente de empresas que estaban en el marco de esos procesos de liberalización. Con lo cual, volvemos al concepto de puertas giratorias, prácticas en las cuales un político que toma decisiones sobre un sector empresarial recibe dinero de ese mismo sector empresarial en el presente o en el futuro, cuando sale del Gobierno… Eso no son errores, son prácticas a las que se dedican determinados políticos que tienen las máximas responsabilidades en un Gobierno. Otra cosa es si van a cambiar las políticas. Ahora vemos, por ejemplo, esa noticia de que se imputa a una serie de personas y el Banco de España recoge firmas… ¡la dirección del Banco de España recoge firmas en su defensa! Yo no lo llamo error, yo lo llamo de otra forma. ¿Si se van a volver a repetir? No hay ningún indicio de que no se vayan a volver a repetir.

La corrupción es la gran fraude a los ciudadanos, ¿no crees que en España existe demasiada tolerancia con el político corrupto que juega con el dinero de todos?

Bueno, precisamente el partido que tiene más podredumbre, que está más podrido de corrupción es el Partido Popular y ganó las últimas elecciones; eso se puede traducir en que efectivamente hay una enorme tolerancia con la corrupción por parte de muchísimos ciudadanos.

El jefe de Ausbanc, Luis Pineda, te difamó gravemente, ¿en qué momento procesal está ese asunto?

Tanto Facua como yo hemos llevado en varias ocasiones a Luis Pineda a los tribunales y lo seguiremos haciendo por una serie de campañas de difamación que desarrolló contra nosotros a lo largo de cuatro años y ya hay tres condenas firmes contra él por las cuales tiene que publicar la sentencia asumiendo que desarrolló esas campañas de difamación mintiendo, acusándonos de delito, etcétera. Además, también tiene que pagarnos indemnizaciones. Y bueno, estamos en la fase de solicitud de ejecución de la sentencia, partiendo de que Luis Pineda no puede hacer nada ni con sus bienes ni con la publicación de esa sentencia hasta que un juez no se lo imponga, no lo autorice, no le embargue sus bienes, etcétera.

¿Quién tiene más responsabilidad en los abusos a los consumidores, el Estado por no regular o nosotros por no exigir?

Primero la culpabilidad está en las empresas que cometen los fraudes. Luego hay una responsabilidad de los gobiernos que no actúan ante esos fraudes o bien porque son torpes o bien porque no quieren actuar. Y en tercer lugar estamos los propios consumidores, que tenemos que alcanzar la mayoría de edad y asumir que tenemos que enfrentarnos a los fraudes partiendo de la posibilidad de que nadie nos quiera proteger desde el Gobierno ni por supuesto desde las empresas, que no dan respuesta a nuestras denuncias, y eso hace que tengamos que acabar batallando, movilizándonos, yendo a los tribunales, etcétera. Precisamente para eso existimos organizaciones como Facua, para empoderar al consumidor, para que cuando un consumidor venga a nosotros a reclamar tenga armas mucho más poderosas que las que tiene cuando él, por su cuenta, necesita resolver un problema.

¿Se puede vivir en un mundo sin tratados de libre comercio como propone Trump?

Nosotros partimos de que, de entrada, el TTIP y el CETA son muy peligrosos, sobre todo porque, como te decía antes con el tema alimentario, cuando una política, cuando un tratado se negocia en la sombra, se negocia sin que los ciudadanos podamos conocer los contenidos. Ahí seguro que ya hay algo peligroso, oscuro y negativo para los intereses de los ciudadanos, para los intereses de los que menos poder adquisitivo tenemos y sobre todo favorece a las grandes multinacionales. Otra cosa es que lo que Trump plantea en cuanto a que no le guste el TTIP está muy alejado del concepto que nosotros planteamos relacionado con el perjuicio al consumidor. Posiblemente a Trump el pequeño consumidor es lo que menos le importa, Trump es millonario, un magnate, y tiene posiblemente otros intereses económicos detrás de su negativa al TTIP. No significa que, porque Trump esté en contra del TTIP y los movimientos de la sociedad civil, los grandes movimientos ciudadanos en el mundo también estemos en contra, no significa que estemos alineados en ideología con Trump, nada más lejos de la realidad.

Inda os ha acusado de ser la organización de Podemos… ¿Te has planteado dar el salto a la política?

Bueno, yo llevo veinte años en política pero lo que ocurre es que estar en política no significa necesariamente estar en un partido. Los movimientos de la sociedad civil hacemos política, si no, no seríamos auténticos movimientos de la sociedad civil, seríamos en nuestro caso oficinas o despachos de tramitación de reclamaciones y no estamos solo para eso, estamos para reivindicar cambios políticos en nuestro país, en nuestras autonomías, en nuestros ayuntamientos, y por tanto yo asumo que soy político, yo me dedico a la política, pero una política ajena a los partidos políticos, independientemente de que a nivel particular pueda tener mis filias y mis fobias con ciertos partidos. Con lo cual primero, independientemente de que Inda es un difamador profesional, y más allá de plantear que Facua es una organización de Podemos, hace como otros políticos, u otros periodistas, u otros difamadores, que históricamente han podido decir que Facua era una organización del PSOE, o una organización de Izquierda Unida, o que lo era del Partido Popular. Así que, según a quien critiques o a quien apoyes en determinado momento, te acusan de estar vinculado a uno u otro partido, pero independientemente de eso Inda también ha inventado que nosotros hemos cometido determinados delitos y vamos a llevar a los tribunales a Inda por difamación, igual que hicimos en su día con Luis Pineda, con lo cual Inda nos va a tener que ver en los tribunales y repetir delante de un juez las acusaciones que nos ha lanzado de otras cuestiones en su periódico.

¿Por qué cuestiones?

Lo puedes ver en nuestra página web. Inda publicó en Ok Diario un bulo que había publicado un anónimo en internet en el que contaba que había una plataforma de usuarios que nos habían puesto una querella por estafa y eso era un bulo, no existe ningún usuario que nos haya puesto una querella por estafa. Inda y sus periodistas lo vieron en una página web anónima creada para difamar sencillamente y cogió y lo publicó y además multiplicó el número de usuarios que supuestamente nos habían denunciado y llegó a inventar el diario de Inda que había más de seis mil personas que nos habían puesto una querella por estafa. Eso, que era una absoluta invención, que además hemos detectado a la persona que estaba detrás y que vamos a llevarla también a los tribunales, pues es algo que Inda publica, como tantas veces hace, publicar una información no contrastada con el único objetivo de difamar, de desacreditar a una determinada persona u organización. Pues va a tener como respuesta por parte de Facua una acción judicial contra él y contra su periódico.

Es decir, que la querella ya la estáis tramitando…

La demanda ya la estamos tramitando.

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1 Comentario

  1. Lo que pasa en este país es reiterativo decirlo pero no tiene arreglo. La corrupción es ya una institucion piramidal ¿.Estamos ante una justicia o vendida o maniatada o sin recursos o todo junto? estamos demasiado ocupados con nuestros mensajes de Wasap para ver que nos engañan, nos roban y que seguirán.
    Ya esta aprobado el CETA hermano menos del TTIP tratado de acuerdo con Canada, donde los derechos de los ciudadanos, quedan arrasados. Y la alimentación la marcan las multinacionales farmacéuticas Monsato-Bayer productos y comida trasgénica y letal para la salud y si no se remedia a principios de Abril este tratado sera aprobado en nuestro país.
    Queda poco por añadir, los ciudadanos no saben nada , creo que va más alla de un simple tratado es una vulneración de los derechos humanos de los pueblos a conocer que pasa en su país.
    ¿Que vamos hacer al respecto?
    Ana de la Fuente

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